La Comisión Europea insta a Francia a respetar las normas comunitarias
"Las normas son muy claras y Francia debe respetarlas"
Bruselas - 19/08/2010
La Comisión Europea ha emplazado a Francia a respetar las normas comunitarias en las expulsiones de gitanos extranjeros, que estipulan que deben ser caso por caso y cuando las personas no disponen de recursos para su estancia.
"Las normas son muy claras y Francia debe respetarlas", ha señalado Matthew Newman, portavoz de Justicia en la CE, preguntado sobre el inicio, mañana, de las deportaciones de los gitanos de campamentos ilegales en suelo francés.
Newman ha explicado que una directiva comunitaria de 2004 establece la libertad de circulación y residencia de los ciudadanos comunitarios en cualquier país de la UE, aunque también incluye restricciones, una de las cuales estipula que las personas deben tener "recursos suficientes" para mantenerse en ese país. Además, la expulsión "debe ser proporcionada" y siempre caso por caso, no de forma masiva, ha recalcado. Otra portavoz comunitaria, Amelia Torres, ha indicado que la Comisión Europea "ha defendido de forma constante la necesidad de la integración social" de los gitanos.
Pese a estas advertencias, el Gobierno francés está cumpliendo a rajatabla las órdenes del presidente, Nicolas Sarkozy, de desmantelar los campamentos ilegales de gitanos. Un primer avión con 79 gitanos a bordo partirá mañana con destino a Rumanía, al que seguirán otros dos, -el próximo día 26 y "a finales de septiembre"-, hasta cumplir el cupo de, por lo menos, 700 personas deportadas, tal y como anunció el ministro del Interior, Brice Hortefeux.
Es él quien dirige la ofensiva contra el colectivo 'romaní', como se llama en Francia a los gitanos de Europa del Este, que el pasado 28 de julio lanzó el propio Sarkozy cuando anunció el desmantelamiento de la mitad de los campamentos ilegales de gitanos contabilizados en el país en un plazo de tres meses. No ha pasado ni un mes y ya se han desalojado más de 50 instalaciones de este tipo, con sus respectivos integrantes.
Medidas polémicas
Ahora llega el momento de la deportación o el "retorno voluntario", como precisa el ministro de Inmigración Eric Besson, en declaraciones recogidas por el diario Le Parisien, en las que subraya que no puede hablarse de expulsiones. El periódico cita una fuente oficial, según la cual "hay regularmente vuelos como estos", con extranjeros que se inscriben en el programa de ayudas al retorno. De acuerdo con el Gobierno, son deportaciones "voluntarias" de inmigrantes que aceptan irse, a cambio de un billete de avión y 300 euros por adulto ó 100 euros por niño, y que, en muchos casos, acaban volviendo a Francia.
Lo que no van a poder hacer a partir de septiembre es falsear su identidad para percibir dos veces esas ayudas porque el Ejecutivo francés ha decidido reforzar el control del fichero que ha creado para registrar a los beneficiaros e incluir en el mismo, además de los datos personales, sus huellas dactilares. Solo en el año 2009, según las cifras facilitadas por las autoridades francesas, unos 10.000 rumanos y búlgaros se acogieron a esas ayudas y regresaron a sus países.
"Francia no la está tomando con los gitanos", apuntó el ministro Besson, pero sí parece haberla tomado con la inmigración irregular, a juzgar por el goteo de medidas que en los últimos días se han anunciado para combatir ese fenómeno. Además de deportar a los gitanos, se han planteado otras iniciativas polémicas como la retirada de la nacionalidad francesa a los delincuentes de origen extranjero que hayan atentado contra una autoridad pública, la condena de los padres de jóvenes que hayan cometido delitos o la imposición de multas a los alcaldes que no cumplan en materia de seguridad.
Voces de alarma
Son propuestas que han suscitado una oleada de críticas, no solo entre la sociedad civil o los partidos de izquierda, que hablan de "racismo" y "xenofobia", sino también entre las filas de la mayoría de derechas y, cada vez más, en el exterior.
A las voces de alarma se ha sumado también el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU al denunciar a Francia por vincular inmigración con inseguridad, mientras que los Gobiernos de Rumanía y Bulgaria han dejado patente su malestar por la política de Francia con respecto a sus nacionales.
Con el fin de acallar esas críticas, Francia recibirá a dos miembros del Gobierno de Rumanía el 30 de agosto. La agenda para esa reunión contempla "favorecer la inserción de los gitanos en Rumanía", "luchar contra el crimen organizado del que particularmente son víctimas las poblaciones gitanas" y "trabajar para la reinserción de los gitanos que hayan dejado Francia por Rumanía, principalmente en el marco de la ayudas al retorno voluntario", según ha precisado el Ministerio galo de Exteriores.
Aunque tanto Rumanía como Bulgaria son estados miembros de la Unión Europea (UE) desde 2007, algunos de sus vecinos aplicaron una moratoria para alcanzar la plena libertad de circulación de sus ciudadanos por el espacio común que, en el caso de Francia, está vigente hasta finales de 2011. Hasta entonces, rumanos y búlgaros tienen derecho a la libre circulación en territorio francés como cualquier otro ciudadano europeo pero no pueden quedarse más de tres meses si no disponen de una tarjeta de residencia que, a su vez, solo se consigue con un permiso de trabajo. Por ello, algunos dirigentes políticos como el ex primer ministro galo y miembro del partido de Sarkozy, Alain Juppé, o el líder de los Verdes en el Parlamento Europeo, Daniel Cohn-Bendit, plantean la búsqueda de soluciones a nivel europeo.
Fuente: Qué.es
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