La resolución aprobada por la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo el 14 de febrero recalca la discriminación sistemática sufrida por el pueblo romaní y su lucha contra un grado intolerable de exclusión, además de las violaciones de los derechos humanos, la estigmatización y la discriminación grave en la vida pública y privada. Según el ponente del Parlamento, la integración de los gitanos no es sólo una obligación de derechos humanos, sino que supone también una necesidad económica y un interés financiero de todos los Estados miembros.

La idea clave que subyace a esta resolución es que desde los casi 12 millones de gitanos que hay en Europa deberían poder beneficiarse de medidas a escala comunitaria para promover su integración social, cultural y económica. Con este documento, los diputados muestran su esperanza de que la próxima propuesta de la Comisión sobre integración de los gitanos tendrá en cuenta estas prioridades, prioridades que también son compartidas por el programa de la Presidencia húngara.

Las prioridades del Parlamento Europeo en relación a la integración de los gitanos

En este documento, los miembros de la Comisión parlamentaria establecen las áreas prioritarias que requerirán más esfuerzos por parte de las autoridades locales, nacionales y de la UE para integrar a los gitanos. En su opinión, la Comisión Europea debería presentar una hoja de ruta para la introducción de normas mínimas vinculantes a nivel comunitario y contemplar la imposición de sanciones a los Estados miembros en caso de no cumplir con estos objetivos.

La estrategia deberá ocuparse de cualquier forma de violación de los derechos fundamentales de los romaníes, ya sea discriminación, segregación, expresiones de odio, la elaboración de perfiles étnicos y toma ilegal de huellas digitales, así como desalojos y expulsiones ilegales. También debería ponerse fin a la vuelta forzada de población romaní a países en los podrían ser sometidos a tortura o a tratos degradantes.

En relación al empleo, la resolución destaca que la estrategia debe garantizar el acceso efectivo al mercado de trabajo, disponibilizando micro-créditos y fomentando el espíritu empresarial y el autoempleo. Los Estados miembros y la Comisión deberán adoptar medidas para luchar contra el empleo ilegal y para promover la contratación de romaníes en la administración pública. En cuanto a educación, la estrategia podría abordar la supresión de la segregación en las aulas mediante el empleo de mediadores gitanos en la escuela y el aumento del número de docentes de este origen. De acuerdo con los miembros de la Comisión parlamentaria, la estrategia de la UE también debería abordar las necesidades específicas de las mujeres gitanas, mediante su participación en el desarrollo de las políticas y detener la práctica de los matrimonios infantiles. El apoyo a la educación de las niñas también debe ser incluido en la estrategia.

Como ya hiciera la Comisión Europea en abril de 2010, la Comisión de Libertades Civiles también urgió a que se asigne financiación específica para apoyar la estrategia de inclusión del pueblo gitano como parte de la política de cohesión, de cara al próximo marco financiero plurianual. Los diputados también abogan por la creación de instituciones de apoyo de la UE bajo la supervisión de la actual Grupo de Trabajo sobre población romaní creado en septiembre de 2010 tras los acontecimientos en Francia, con el fin de garantizar la financiación de la UE y apoyar iniciativas locales exitosa. Por otra parte, se debería ampliar el ámbito de la financiación comunitaria más allá de desarrollo, de modo que la prestación de servicios públicos de calidad sea también elegible.