Más de medio centenar de viviendas sociales de los barrios de Gabriel y Galán y La Esperanza de Plasencia, fueron desalojadas en el último mes de 2005. La Junta de Extremadura, respaldada por el Consistorio placentino, puso en marcha entonces una operación cuyo objetivo es legalizar la situación en estas zonas de la capital del Jerte. Acabar con la fórmula de la patada en la puerta para convertirse en propietario de una vivienda social.

Noventa efectivos policiales llegaron en diciembre de 2005 a Plasencia para dar cobertura y seguridad a los funcionarios encargados de los desalojos. Antidisturbios que de nuevo han sido reclamados por la Junta de Extremadura.

«De forma inminente» la Administración regional retomará los desahucios en Gabriel y Galán. Lo anunció ayer la concejala de Bienestar Social, Carmen Blázquez. Porque la situación de ilegalidad no ha terminado y, por ello, la Junta de Extremadura, de nuevo respaldada por el Ayuntamiento, reanudará los desalojos de ilegales, de personas que han dado la patada en la puerta y están viviendo en pisos que no les han sido adjudicados.

 

aconsejó ayer públicamente Carmen Blázquez.

Para que puedan, previa presentación de la documentación solicitada, optar a una vivienda social. Porque tal como hizo el Gobierno local en 2006, cuando en el primer trimestre del año abrió un proceso de adjudicación de viviendas sociales al término de los primeros desalojos, de nuevo la Concejalía de Bienestar Social tiene intención de repetir el proceso.

Entonces, hace tres años, se adjudicaron 75 pisos sociales en el polígono de La Data. Entre la cincuentena que había sido desalojada y otras viviendas que permanecían libres. Ahora, de nuevo, «volveremos a abrir un nuevo proceso de adjudicación, cuando finalice esta segunda fase de desahucios, porque considero que la docena que se va a desalojar más algunas otras que están vacías hacen una cifra aceptable para iniciar el proceso de adjudicación».

Más de 140 personas presentaron la documentación en 2006 para optar a una de las 75 viviendas que conformaban el paquete. La cantidad ahora será menor, pero aun así los que «quieran de verdad optar a uno de los pisos deben antes entregar las llaves del que ocupen de forma ilegal en estos momentos, si ésta es su situación», reitera la edil socialista.

El ex director de la Agencia de la Vivienda, Javier Corominas, inició en 2005 un proceso que tres años después retoman sus sucesores autonómicos. Con el objetivo claro y prioritario de «hacer que todos cumplamos la legalidad vigente», argumenta Carmen Blázquez.

Lloros y lamentos, pero también movilizaciones y acciones de protesta coincidieron en el polígono de La Data en diciembre de 2005. Cuando arrancaron los desalojos de ilegales. Piedras y contenedores sirvieron a residentes en Gabriel y Galán para cortar el tráfico mientras los funcionarios ejecutaban el primer desahucio, a la vez que gitanos desalojados levantaban chabolas junto a las viviendas en señal de protesta. Fueron las movilizaciones más importantes en 2005 y se produjeron en los primeros desalojos. Después, la mayoría de los afectados entregó las llaves de sus viviendas de forma voluntaria.

Los que se negaron aguantaron un poco más. Hasta marzo de 2006 cuando concluyeron los últimos desalojos. Pero sin que mediaran gestos desgarrados, llantos y lamentos, alteración del tráfico y del orden público o insultos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Las mismas que regresarán en los próximos días a la ciudad. Para dar cobertura a los funcionarios encargados de la segunda fase de desahucios.