Laura Noceda estuvo acompañada en el banquillo por, entre otros, Ángel Mario Lago,

primero por la izquierda, y José María Dopazo / RAMÓN LEIRO

Seis fueron los imputados inicialmente. Durante el juicio, dos ya quedaron exentos de cargos. Y la sentencia, finalmente, únicamente condena a uno de los vecinos que ocuparon el banquillo de los acusados por los incidentes surgidos en Monte Porreiro a raíz de los realojos gitanos.

De este modo, Laura Noceda Pintos deberá hacer frente al pago de 75 euros por una falta de coacciones. Se considera probado que, el 11 de marzo del 2008, en el transcurso de una protesta ante uno de los edificios ocupados por las familias de etnia gitana procedentes de O Vao, la pontevedresa arrojó un cajón de madera contra la verja de acceso al inmueble.

Su intención: «Impedir que las referidas familias siguieran ocupando los pisos asignados».

En cuanto al resto de encausados, concluye que no puede presumirse que, si bien estuvieron en el lugar de los hechos, «su presencia lo fuera con el fin de contribuir a la expulsión de los denunciantes y no como mera protesta en la vía pública».

En todo caso, la juez lanza un duro reproche a la actitud de las personas que se congregaron delante del edificio. Así, sostiene que está «claro que el comportamiento vecinal descrito es, a todas luces, censurable, por más que los hechos quisieran tildarse de meras protestas frente a los responsables políticos como se dijo en el acto del juicio».

Ahonda, en este sentido, al reiterar que no se puede «restar importancia a los hechos, que indiscutiblemente la tienen como lo evidencia la proyección mediática que ha causado, y por más que sea censurable socialmente una actitud vecinal insolidaria para con unos nuevos residentes». Asimismo, alude a que, tratándose como se trató de una reunión no autorizada, deberían haberse impuesto las sanciones administrativas pertinentes.

Críticas a la policía

Pero las criticas de la magistrada pontevedresa no se ciñen solo a los vecinos de Monte Porreiro, también se dirigen a la policía. Se hace alusión a una «incompleta labor policial», toda vez que cuando los agentes acudieron al lugar de la protesta dejaron «de identificar a las personas que se encontraban presentes o de hacer constar las quejas que en tal sentido, al parecer, les hicieron llegar los denunciantes».

Fuente: La Voz de Galicia.es

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